La cita de Europol sobre el separatismo vasco y catalán que Sánchez exige borrar: «Activos y violentos»

«Activos y violentos». Así define la Europol a ciertas organizaciones como los CDR vinculadas al separatismo catalán en su informe sobre tendencias terroristas de 2023, el mismo documento que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha pedido rectificar a exigencia de sus futuribles socios de Junts. La petición la verbalizó el pasado 5 de septiembre el propio ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en plena negociación para investir a Sánchez.

Una mención en un simple párrafo dentro de un informe técnico de Europol de cerca de 100 páginas, pero suficiente como para que el Gobierno de Pedro Sánchez decida movilizar al general de la Guardia Civil que dirige el Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (Citco) para exigir una rectificación por carta.

El párrafo de marras, el que tanto ha molestado al independentismo, refiere a que «en España, los movimientos independentistas catalán y vasco son actualmente los más activos y violentos dentro del escenario separatista español». 

En el TE-SAT 2023, como se denomina técnicamente el informe, se explica que las narrativas de estos grupúsculos, entre los que se incluye a los CDR, «se combinan el separatismo con puntos de vista de extrema izquierda, centrándose en mensajes contra el Estado español y sus instituciones, así como contra temas más amplios como el capitalismo. Además, han surgido varios pequeños grupos nuevos en los círculos separatistas de izquierda en España».

Europol y el separatismo

«Estos grupos están utilizando el descontento social y las luchas económicas en sus mensajes contra el Estado español, y también como una oportunidad para reclutar entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad», puntualizaba el informe.

Ocho líneas, en total, dentro de un epígrafe secundario dedicado al fenómeno que Europol denomina «etno-terrorismo». También se habla en la misma del PKK kurdo y de los grupos de Disidentes Republicanos de Irlanda.

Según defiende Interior, la petición se había realizado ya en marzo, al entender el Citco que en su informe propio -el que se eleva a Europol- los colectivos separatistas catalanes no se incardinaban en actividad terrorista. Que eran meros «escraches» y «quemas de banderas». Sin embargo, esa petición no se realizó por escrito hasta ahora, seis meses después y apenas dos semanas más tarde de que lo verbalice el propio Puigdemont.

La carta de Interior

La carta del Gobierno, que cuenta con el membrete del Ministerio del Interior, va dirigida a Catherine de Bolle, directora de Europol, el organismo supranacional que coordina a las policías europeas. Fue enviada este martes por el Gobierno de Pedro Sánchez.

«Con motivo de la publicación del Informe Europol de situación y tendencias del terrorismo en la Unión Europea (Tesat 2023), por parte de este Centro se observa que en la página 68 y dentro del epígrafe Terrorismo y separatismo etnonacionalista y subigrafes Grupos y estructuras Grupos separatistas en España, se infiere que los movimientos independentistas catalanes y vascos estarían considerados como organizaciones terroristas», informa la carta.

Tal y como relata la carta del Gobierno a Europol por los CDR, a los que no se cita, el independentismo violento no fue incluido como terrorista en el informe elaborado por el Citco y remitido a Europol, que según el Gobierno debería haber formado la base del análisis del organismo policial europeo. Según asegura el Gobierno, como ha adelantado El Mundo, sólo tienen calificación en España de «terrorismo independentista» el proveniente de las bandas ETA y Resistencia Galega. Dos grupos sin actividad actualmente.

Sobre los CDR y el independentismo catalán, Interior advierte que en su informe propio «cita a los independentistas» por «acciones que llevan a cabo determinados colectivos», pero los circunscribe únicamente a «escraches» y «quema de banderas», «sin mencionar en ningún caso que esta actividad tenga relación con el terrorismo».

Amnistía

Hace sólo unos días, OKDIARIO explicaba cómo el separatismo catalán se estaba moviendo para reclamar a Pedro Sánchez una amnistía amplia como contrapartida a ser investido de nuevo presidente del Gobierno. Es decir, una amnistía que sirva de paraguas de protección a todos aquellos independentistas que hayan sido objeto de la «represión» del Estado, y no sólo los líderes del procès que aún tienen cuentas pendientes con la justicia como Carles Puigdemont -que se ha solidarizado con su causa-.

Eso permitiría que la amnistía alcanzara también a los Comités de Defensa de la República (CDR), y específicamente a los que están procesados por fabricar explosivos y a quienes la Fiscalía de la Audiencia Nacional atribuye delitos de terrorismo. De no llegar a tiempo la amnistía, una condena por estos hechos les supondría ser incluidos en la lista oficial de grupos terroristas de la Unión Europea.

Fue Vox quien, a raíz de este informe de Europol en el que se analizaba la violencia separatista en Cataluña y el País Vasco, solicitó a la Comisión Europea el pasado mes de julio que se incluyese a los CDR en el listado de organizaciones terroristas.

«¿Cuándo piensa la Comisión iniciar los trámites para la inclusión de estos grupos (en la lista)?», preguntó por escrito el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé. La respuesta tardó unas semanas en llegar y fue contundente: «Sólo una decisión nacional emitida por una autoridad nacional competente, como una resolución judicial o una orden de prohibición presentada mediante una decisión de una autoridad administrativa, puede dar inicio al proceso de inclusión en la lista de personas, grupos o entidades». Esa resolución puede estar próxima, si prospera el juicio contra esos 12 CDR acusados de terrorismo y detenidos en septiembre de 2019 en posesión de explosivos que ellos mismo habían fabricado.